El Congreso aprueba definitivamente la ley que obligará a las comunidades de vecinos a hacer más obras de accesibilidad
- La norma modifica una veintena de leyes para adaptarlas a la Convención de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad
MADRID, 21 (SERVIMEDIA) El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó este jueves la ley que adaptará parte de la normativa española a la Convención de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, que obliga a las comunidades de vecinos a pagar más obras de accesibilidad de las que sufragan ahora y eleva del 3% al 4% las viviendas accesibles en las promociones de protección oficial.
La ley, que fue
tramitada por la vía de urgencia en el Senado, reforma una veintena de
normas para mejorar el acceso de las personas con discapacidad a ámbitos
como el empleo, la sanidad o el transporte, entre otros.
Se trata de una norma de la que todos los grupos parlamentarios se sienten
"muy satisfechos", según expresaron en el debate del Pleno, donde pusieron
también de manifiesto las mejoras que ha experimentado el texto a su paso
por las Cámaras.
Así, si para Francisco Vañó, del PP, el proyecto presentado por el
Gobierno "se quedaba corto" en su origen, ahora, en su trámite final, es
notablemente mejor, lo que no significa que haya que seguir avanzando en
aspectos tan importantes para la integración de las personas con
discapacidad como el empleo y la accesibilidad.
En la misma línea que Vañó se manifestaron CiU y PNV, que afirmaron que el
texto sale de las Cortes "mucho más enriquecido" de lo que entró, al
introducir avances tan importantes como el de la accesibilidad a las
viviendas.
Según reconocieron todos los portavoces y explicitó Conchita Tarruella, de
CiU, estos avances han sido posibles, en buena medida, gracias al
asesoramiento del Comité Español de Representantes de Personas con
Discapacidad (Cermi), presente en el debate, que ha trabajado con los
grupos durante toda la tramitación de la ley, que supondrá "un avance"
para el colectivo en opinión de Rosa Díez, de UPyD.
Además del asesoramiento del Cermi, subrayó la socialista Francisca
Medina, la norma ha salido reforzada de las Cámaras por "el alto grado de
compromiso" de todos los grupos parlamentarios, que han trabajado para
mejorar la calidad de vida de los casi cuatro millones de personas con
discapacidad que viven actualmente en España.
COMUNIDADES
El texto, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial del Estado (BOE), reforma, entre otras, la Ley de
Propiedad Horizontal para obligar a las comunidades a sufragar las obras
de accesibilidad que requieran los vecinos con discapacidad o mayores de
70 años y cuyo coste "no supere 12 mensualidades ordinarias de gastos
comunes", es decir, nueve más que los fijados hasta ahora en la norma.
Pero la reforma va más allá y establece que "cuando se adopten válidamente
acuerdos para la realización de obras de accesibilidad, la comunidad
quedará obligada al pago de los gastos, aun cuando su importe exceda de
doce mensualidades ordinarias de gastos comunes".
Eso sí, la nueva norma exime del pago de las derramas por accesibilidad a
los vecinos que acrediten dificultades económicas graves al disponer de
ingresos anuales inferiores a 2,5 veces el Indicador Público de Renta de
Efectos Múltiples (Iprem).
CASTIGOS A EMPRESAS
En cuanto al empleo, la nueva ley se propone castigar a las empresas
incumplidoras de la contratación obligatoria de personas con discapacidad,
ya que señala que los órganos de contratación "ponderarán", en los
supuestos que sea obligatorio, que los licitadores cumplen con la
obligación de contar con un 2 por ciento de trabajadores con discapacidad
o que adoptan las medidas alternativas correspondientes.
La norma fija además otros castigos para las compañías que no hacen los
deberes, ya que indica que las empresas obligadas por ley a tener en su
plantilla al menos un 2 por ciento de trabajadores con discapacidad, o, en
su defecto, a cumplir con medidas alternativas de carácter excepcional,
que no lo hagan, "perderán automáticamente las ayudas, bonificaciones y,
en general, los beneficios derivados de la aplicación de los programas de
empleo, con efectos desde la fecha en que se cometió la infracción".
Del mismo modo, las empresas que no cumplan con este precepto podrán
quedar excluidas del acceso a tales beneficios por un período máximo de
dos años.
OTRAS MEDIDAS
Otras modificaciones que introduce esta ley son el aumento del 5% al 7% en
la reserva pública de empleo para ciudadanos con discapacidad y la
prohibición de la discriminación por razón de discapacidad, para que las
empresas no puedan denegar los seguros a las personas con problemas
físicos, psíquicos, sensoriales o con enfermedad mental, ni tampoco
imponerles condiciones más gravosas que al resto de la población.
En el ámbito sanitario, se reforman varias leyes para que un paciente con
discapacidad pueda tomar por sí mismo decisiones en procesos como
trasplantes, mediante la recepción de la información necesaria en formatos
accesibles.
(SERVIMEDIA)
21-JUL-2011
IGA